Los afectados llevan décadas pidiendo en España una reparación institucional que no termina de materializarse
Casi 60 años después, los caminos de los afectados por la polio y los de la talidomida se encuentran otra vez. En la España de Franco no había lugar para reclamar a las autoridades. Y ambos colectivos se consideran víctimas del régimen. Con la polio, tardó 10 años en generalizar el uso de la vacuna. Con la talidomida, omitió cualquier responsabilidad e información para que los afectados pudieran reclamar.
Lola Corrales, de 57 años, podía haber sido una de esas niñas del hospital. Preside la Asociación de Afectados de Polio y el Síndrome Postpolio desde hace casi 20 años. Entonces, caminaba con muletas. Ahora va en silla de ruedas. Pudo coger a su hijo en brazos cuando nació; ahora no puede con su nieto. El síndrome postpolio es el responsable.
Reconocido en 2007 por la Organización Mundial de la Salud, consiste en un debilitamiento generalizado que afecta en la madurez a quienes ya habían hecho su vida con la polio. Pero esa admisión no ha llegado a su día a día. El pasado 7 de febrero llevaron a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, su amplia lista de peticiones. “Reclamamos una atención sanitaria adecuada. Muchos médicos no saben nada de la enfermedad y en los tribunales que deciden la incapacidad no la valoran adecuadamente. ¿Qué menos que haya un proyecto de investigación, no?”, dice.
El mismo debilitamiento afecta a Andrés Romero, natural de El Cuervo (Sevilla), que se contagió en 1963, cuando tenía un año. “Cuando he empezado a sentir una discapacidad ha sido cuando ha empezado a mermarme la musculatura. Ya no puedo hacer cosas como las hacía antes. Eso ha sido lo más frustrante”, relata.
Se calcula que en España siguen vivos unos 200.000 afectados por la polio. Pero no se sabe con exactitud, en gran parte porque la sanidad franquista solo contabilizó los casos de polio paralítica, los más graves.
Cuando Corrales y Romero nacieron España era un país rural. Las campañas de vacunación se hacían de pueblo en pueblo en condiciones de higiene precarias. La falta de un sistema sanitario sólido y el uso de vacunas con una efectividad insuficiente fueron decisivos para la expansión de la enfermedad. En 1963 comenzó la vacunación sistemática, 10 años después de que se descubriera la inmunización. En ese retraso se basa Rosa Herranz, una madrileña de 57 años, impulsora del grupo Niñ@s de la Polio, que se considera “víctima del franquismo” y que pide una reparación del Estado por el retraso en distribuir una vacuna efectiva.
La situación de los afectados por la talidomida también está marcada por las demoras. Basterrechea supo qué le pasaba cuando vio en un reportaje de los setenta a otras personas como él. Así supo que en Alemania recibían pensiones y ayudas desde prácticamente el primer momento (el medicamento se comercializó entre 1953 y 1962). Ese retraso en movilizarse supuso que en 2015 el Tribunal Supremo rechazara que Grünenthal, el laboratorio que patentó la molécula, les indemnizara. Consideró prescrito el caso. Ahora están en pleno proceso de reevaluación por un decreto de 2017 (gobernaba el PP), esta vez con vistas a recibir una compensación del Estado. Es el segundo intento al respecto, después de que una iniciativa de 2010 del PSOE solo reconociera 24 casos de los 500 afectados que calculan que quedan en España.
“Te sientes una moneda de cambio”, dice Basterrechea, vicepresidente de la asociación de víctimas Avite, quien comparte con Corrales la inquietud por el momento político. “Esto es una pesadilla. ¿Ahora qué va a pasar?”, se queja ella, consciente de que tendrá, otra vez, que convencer al ministro de turno. Para Avite el rechazo a los Presupuestos también es una mala noticia, porque incluían la partida para sus indemnizaciones. Eso sí, “muy por debajo de otros países europeos”, se queja Basterrechea.
Pese a todo, ellos se muestran firmes. Llevan más de medio siglo de lucha. Están acostumbrados a perseverar.
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