Cumpleaños de la Ley de Dependencia: hacia un sistema de cuidados

260.000 personas esperan por una ayuda que les ha sido reconocida, 80 mueren cada día en la misma situación

 

 

Trece años después de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia podemos enorgullecernos de que es un valor compartido que la autonomía y el cuidado son derechos subjetivos, como puedan serlo el derecho a la salud o a la educación. Sin embargo, el sentido común y las necesidades de la ciudadanía chocan con las gestiones de los gobiernos posteriores. Si la ley ya nacía con flecos y vacíos, a estos se le sumaron los primeros recortes de Zapatero, los infames de Rajoy y su letal Real Decreto 20/2012 del 13 de julio que sentenció a muerte al sistema, y la falta de reversión de la situación tras la moción de censura. El caso es que a día de hoy este derecho subjetivo no se está garantizando: 260.000 personas esperan por una ayuda que les ha sido reconocida, 80 mueren cada día en la misma situación, además de la extrema precarización y la falta de reconocimiento de la profesionalidad del trabajo de quienes cuidan.

Los brutales recortes, las externalizaciones, el creciente envejecimiento poblacional del país, así como la progresiva demanda del reconocimiento del trabajo de cuidados, sitúan al Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia no solo en una situación de urgente rescate, también ante una imperiosa necesidad de una estructural y sustanciosa reforma. Un país que aspire a garantizar el bienestar de su ciudadanía requiere que el epicentro sobre el que pivoten sus políticas públicas tenga el claro eje de los cuidados a las personas y también al planeta. 

Garantizar el derecho de cuidados implica que el Sistema de Promoción de la Autonomía Personal tenga un papel fundamental en el Estado del bienestar del País. Para ello insuflar una robusta cantidad de presupuesto es el primer paso, reduciendo drásticamente la lista de espera, aliviando a las comunidades autónomas en la financiación del sistema y compartiendo esta de forma equilibrada, recuperar los niveles en los grados de valoración, dotar de cobertura, apoyo adecuado y eficaz en su medio a las personas dependientes, así como apostar, impulsar y fortalecer las residencias y centros de atención de titularidad y gestión pública, dentro del desarrollo del espacio sociosanitario de naturaleza pública. La ciudadanía ha de tener la certeza de que en situación de necesidad, la administración pública va a velar por ellos y sus familias. 

Construir un sistema de cuidados efectivo pasa por un Estado que atienda y cobije a las personas en situación de dependencia y a sus familias, con servicios públicos de calidad, revirtiendo las externalizaciones que han experimentado los servicios de dependencia en la última década. Cuidar de las personas es también cuidar de su entorno, velando porque este sea saludable, mejorando la calidad del aire, aplicando medidas que conserven el medio ambiente. 

Hablar del derecho a los cuidados implica, necesariamente, el reconocimiento y la protección a quienes cuidan, entendiendo, además, la dimensión generadora de empleo de calidad de los cuidados. En este sentido, es inaplazable el impulso al Servicio de Ayuda a Domicilio público, profesionalizado, con buenas condiciones laborales para las trabajadoras y que permita atender con los tiempos suficientes a quienes lo necesitan. Esta apuesta de país tiene una clara perspectiva feminista. Es una urgencia para la igualdad garantizar la posibilidad de elegir y apoyar a tantas mujeres sobre las que recae el trabajo de cuidados en el entorno familiar, a la par que proteger y dignificar las condiciones laborales y salariales de quienes ejercen esa ayuda, que en su mayoría son también mujeres.


La toma de conciencia de la trascendencia del trabajo de las personas cuidadoras en el entorno familiar implica, también, reconocer el derecho a prestaciones por desempleo, al descanso, a la conciliación y la aprobación de un plan de profesionalización que asegure que no quedan desamparadas cuando finalice su actividad. Finalmente, no podemos olvidar la subida de la cuantía de la prestación por cuidados en el entorno familiar, que actualmente se encuentra en un máximo de 420 euros, para una responsabilidad que es vital para quienes la ejercen y quienes la reciben.


Situar los cuidados como vertebración fundamental de un proyecto de país supone articular la asistencia a las personas, el reconocimiento del trabajo de cuidados y la protección del medio ambiente, cultivando un entorno saludable en el que desenvolver la vida.  Así, la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia está llamada a ejercer un rol elemental, pero no puede quedar en una efeméride, ni siquiera en una vital denuncia, debe darse un paso categórico y enérgico que active una reforma estructural de la ley enmarcada dentro de la exigencia de un sistema de cuidados que articule las políticas sociales y medioambientales de España.

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