La Policía Local ha denunciado a una mujer por usar la documentación caducada desde 2018
Una mujer de 61 años ha sido denunciada por la Policía Local de Sevilla por hacer uso de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad que en realidad era de su marido que lleva fallecido desde 2014.
Fue el pasado jueves cuando una patrulla del distrito Casco Antiguo encargada del control de estacionamientos denunció a este vehículo, que se encontraba aparcado en una plaza de personas con movilidad reducida y con una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad que estaba caducada desde abril de 2018.
Los agentes procedieron entonces a la retirada del vehículo con una grúa municipal y fue trasladado hasta el depósito a fin de “permitir el uso de dicha plaza para los usuarios que la necesiten y estén autorizados”, destacó ayer el Ayuntamiento a través de un comunicado.
La conductora del vehículo entregó la documentación a los policías locales a los que les explicó que tanto el vehículo como la tarjeta eran propiedad de su marido, ya fallecido.
Tras indagar, los agentes comprobaron que el origen de la misma estaba cursado en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y corroboraron la veracidad de la defunción del titular en el año 2014. Los hechos han sido puestos en conocimiento judicial.
Si se lee la noticia publicada por Diario de Sevilla se puede observar que la misma surge por un comunicado del propio Ayuntamiento a los medios de difusión de Sevilla, al hilo de ello me formulo las siguientes interrogantes que se responden por sí solas : ¿ Por qué siendo competente el Ayuntamiento, según la vigente Ley de Administración Local, en incoar, tramitar y resolver los expedientes sancionadores en materia de Accesibilidad Universal, no actúa igual con el montón de infracciones cometidas por el mismo Ayuntamiento en sus propias obras y eventos? ¿ Por qué no ha sancionado aun a ninguno de los muchísimos incumplidores privados, del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, cuyo plazo expiró en noviembre de 2017? ¿Cuántas veces ha acudido la policía local a los muchísimos locales comerciales, de espectáculos, ocio, etc., a ver si se cumplía el anterior Real Decreto Legislativo? ¿Si los hechos a que se refiere la noticia han sido, como se dice en la misma, puestos por parte del Ayuntamiento a disposición judicial , los múltiples y reiterativos hechos infractores cometidos por el propio Ayuntamiento - que datan de mucho antes del 2014 - por qué no se ponen también a disposición judicial? …A ver quién le pone el cascabel al gato….porque a FAMS - COCEMFE…ni está ni se le espera
ResponderEliminarJosé Conde Oliva