martes, 11 de febrero de 2025

La reforma de la ley de dependencia amplía los derechos, pero sin financiación

 Críticas del tercer sector porque, sin dinero, las medidas “quedan en papel mojado”

 

En el año 2024, casi 80.000 personas ingresaron en el sistema de dependencia, aunque hay unas 270.000  a la espera de que valoración o de tener los servicios y prestaciones estipulados

JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

La ley de Dependencia que el año pasado cumplió los 18 años se ha quedado obsoleta en lo que se refiere a la nueva visión que la ciudadanía tiene de los cuidados y que se resume en más autonomía, sobre todo, en el entorno de su hogar. Así lo han asegurado en reiteradas ocasiones tanto el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. Y de esa necesidad surge la reforma de la ley, que hoy aprueba en primera vuelta el Consejo de Ministros.

Como novedades se establecen: la teleasistencia como un derecho subjetivo (es decir, que si un dependiente lo pide y se lo rechazan puede exigirlo amparándose en la ley); ampliar las prestaciones a cuidadores del entorno familiar y “relacional” (vecinos, amigos); y eliminar la incompatibilidad entre prestaciones que no permitía, por ejemplo, asistir a un centro de día y recibir ayuda a domicilio. Todos estos puntos aparecen en un borrador al que ha tenido acceso La Vanguardia .

La teleasistencia será obligatoria y se abren las prestaciones como cuidadores a vecinos y amigos

También extiende la ayuda a domicilio que hasta ahora se prestaba solo dentro de las casas de los dependientes hacia otras tareas del entorno comunitario, como el acompañamiento al médico, a la compra o a actividades del centro de día. E incorpora recursos de apoyo en la vivienda, tales como facilitar material como préstamo o cesión temporal (sillas, grúas) para que el dependiente pueda permanecer en su domicilio si lo desea el mayor tiempo posible.

Estas son algunas de las medidas que incluye esta reforma legal que, sin embargo, viene sin financiación añadida, lo que ha sido duramente criticado por el tercer sector. Los oenegés y asociaciones recuerdan que, sin dinero, no hay asistencia posible. Ni para que la que ya hay, ni para la que se incluya en la reforma legal.

Cada 15 minutos fallece una persona en estas listas de espera

“Obviamente, sin incremento de financiación los nuevos derechos que esta reforma de la ley propone reconocer, quedan en papel mojado, pura cosmética del sistema, que sólo servirá para generar falsas expectativas a las personas en situación de dependencia y a sus familiares”, señala tajante José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Ramírez insiste en que el anteproyecto de reforma de la ley de Dependencia no sólo no lleva incorporados compromisos de incrementar la ya “insuficiente financiación actual”, sino que no recoge ninguna modificación sobre una nueva financiación, siendo este aspecto el más controvertido en la actual norma y que más limita su cumplimiento”.

La realidad es que, a día de hoy, según lo datos de esta entidad, más de 270.325 personas se encuentran en las listas de espera esperando que le valoren la dependencia o bien esperan la prestación de servicio. Cada 15 minutos fallece una persona en estas listas de espera (34.252 personas fallecieron en 2024) y se tarda 334 días en dar la prestación o servicio (en algunas comunidades hasta dos años). Y la cuantía de las prestaciones económicas y la intensidad de los servicios son, “a todas luces, insuficientes y en algunos casos ridículas (264 euros al mes de media para la prestación de cuidadoras no profesionales)”, indica Ramírez.

Desde el Gobierno se recuerda que el plan de choque ha supuesto un incremento anual de 600 millones de euros desde el 2021 a través de las comunidades (en total, 3.793 millones de incremento acumulado de financiación estatal), años en los que algunas autonomías han reducido sus partidas a la dependencia.

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Ascensores y rampas serán obligatorios para garantizar el acceso a los vecinos con discapacidad

 La reforma de la ley considera la accesibilidad como un derecho por lo que se eliminarán barreras arquitectónicas en los edificios públicos

Unos 100.000 vecinos con discapacidad viven encerrados en sus casa por no poder acceder a la calle

 

 
Las barreras arquitectónicas impiden a la mayoría de las personas con discapacidad vivir  con las personas normativas (Àlex Garcia)
 

Unas 100.000 personas viven encerradas en sus domicilios. La discapacidad que sufren y las barreras arquitectónicas de sus edificios les obligan a vivir encerrados. Normalmente es por las escaleras de acceso o por la falta de ascensores y los afectados no consiguen tener la cuota suficiente de vecinos que apoyen estas reformas, que elevan la cuota de la comunidad. Pero, la reforma de la ley general de derechos de las personas con discapacidad acaba con esa situación al recoger como un derecho la accesibilidad, tanto en sus viviendas como en el acceso a los edificios públicos.

Así lo acaba de aprobar el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Bustinduy, que también ha presentado una reforma de la ley de dependencia que amplía derechos, como el de tener treleasistencia.

Respecto a la accesibilidad en los edificios privados, se modificará la ley de propiedad horizontal para asegurar que se llevan a cabo de manera obligatoria las reformas necesarias en el edificio. En caso de que se le niegue, el vecino con discapacidad podrá acudir a la justicia.

 

Se rebaja la cantidad que los vecinos han de poner para poder optar a esas subvenciones

¿Y el coste? Se modifica el límite económico de las intervenciones en las viviendas y en los casos de reformas encaminadas a asegurar la accesibilidad el periodo temporal de repercusión de gastos comunes será de tantos años como las opciones de financiación disponible lo permitan.

También se estable la obligación de que la comunidad de propietarios solicite todas aquellas ayudas y subvenciones que precisen, a la vez que se rebaja la cantidad que los vecinos han de poner para poder optar a esas subvenciones (del 75% al 70%).

¿Y en los espacios públicos? Pues será obligatorio que las personas con discapacidad puedan acceder y desenvolverse con normalidad. Para ello se crea un fondo estatal de promoción de la accesibilidad universal, que contará, entre otros, con el dinero de las multas que se recauden por sanciones contra las personas con discapacidad.

La reforma de esta norma incluye además el fin de discriminación de las personas con discapacidad a la hora de contratar seguros relacionados con la salud y la vida y se regulará como infracción grave con multas de entre 600.000 y un millón de euros a los que expongan a una persona con discapacidad en un espectáculo de feria, en un local abierto o en redes sociales. Estas multas irán al mencionado fondo.

 

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Aki Sillista

 


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