Críticas del tercer sector porque, sin dinero, las medidas “quedan en papel mojado”
En el año 2024, casi 80.000 personas
ingresaron en el sistema de dependencia, aunque hay unas 270.000 a la
espera de que valoración o de tener los servicios y prestaciones
estipulados
JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press
La
ley de Dependencia que el año pasado cumplió los 18 años se ha quedado
obsoleta en lo que se refiere a la nueva visión que la ciudadanía tiene
de los cuidados y que se resume en más autonomía, sobre todo, en el
entorno de su hogar. Así lo han asegurado en reiteradas ocasiones tanto
el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la secretaria de
Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. Y de esa necesidad surge la
reforma de la ley, que hoy aprueba en primera vuelta el Consejo de
Ministros.
Como
novedades se establecen: la teleasistencia como un derecho subjetivo
(es decir, que si un dependiente lo pide y se lo rechazan puede exigirlo
amparándose en la ley); ampliar las prestaciones a cuidadores del
entorno familiar y “relacional” (vecinos, amigos); y eliminar la
incompatibilidad entre prestaciones que no permitía, por ejemplo,
asistir a un centro de día y recibir ayuda a domicilio. Todos estos
puntos aparecen en un borrador al que ha tenido acceso La Vanguardia .
La teleasistencia será obligatoria y se abren las prestaciones como cuidadores a vecinos y amigos
También
extiende la ayuda a domicilio que hasta ahora se prestaba solo dentro
de las casas de los dependientes hacia otras tareas del entorno
comunitario, como el acompañamiento al médico, a la compra o a
actividades del centro de día. E incorpora recursos de apoyo en la
vivienda, tales como facilitar material como préstamo o cesión temporal
(sillas, grúas) para que el dependiente pueda permanecer en su domicilio
si lo desea el mayor tiempo posible.
Estas
son algunas de las medidas que incluye esta reforma legal que, sin
embargo, viene sin financiación añadida, lo que ha sido duramente
criticado por el tercer sector. Los oenegés y asociaciones recuerdan
que, sin dinero, no hay asistencia posible. Ni para que la que ya hay,
ni para la que se incluya en la reforma legal.
Cada 15 minutos fallece una persona en estas listas de espera
“Obviamente,
sin incremento de financiación los nuevos derechos que esta reforma de
la ley propone reconocer, quedan en papel mojado, pura cosmética del
sistema, que sólo servirá para generar falsas expectativas a las
personas en situación de dependencia y a sus familiares”, señala tajante
José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directoras y
Gerentes de Servicios Sociales.
Ramírez
insiste en que el anteproyecto de reforma de la ley de Dependencia no
sólo no lleva incorporados compromisos de incrementar la ya
“insuficiente financiación actual”, sino que no recoge ninguna
modificación sobre una nueva financiación, siendo este aspecto el más
controvertido en la actual norma y que más limita su cumplimiento”.
La
realidad es que, a día de hoy, según lo datos de esta entidad, más de
270.325 personas se encuentran en las listas de espera esperando que le
valoren la dependencia o bien esperan la prestación de servicio. Cada 15
minutos fallece una persona en estas listas de espera (34.252 personas
fallecieron en 2024) y se tarda 334 días en dar la prestación o servicio
(en algunas comunidades hasta dos años). Y la cuantía de las
prestaciones económicas y la intensidad de los servicios son, “a todas
luces, insuficientes y en algunos casos ridículas (264 euros al mes de
media para la prestación de cuidadoras no profesionales)”, indica
Ramírez.
Desde
el Gobierno se recuerda que el plan de choque ha supuesto un incremento
anual de 600 millones de euros desde el 2021 a través de las
comunidades (en total, 3.793 millones de incremento acumulado de
financiación estatal), años en los que algunas autonomías han reducido
sus partidas a la dependencia.
La reforma de la ley considera la accesibilidad
como un derecho por lo que se eliminarán barreras arquitectónicas en los
edificios públicos
Unos 100.000 vecinos con discapacidad viven encerrados en sus casa por no poder acceder a la calle
Las barreras arquitectónicas impiden a la mayoría de las personas con discapacidad vivir con las personas normativas(Àlex Garcia)
Unas
100.000 personas viven encerradas en sus domicilios. La discapacidad
que sufren y las barreras arquitectónicas de sus edificios les obligan a
vivir encerrados. Normalmente es por las escaleras de acceso o por la
falta de ascensores y los afectados no consiguen tener la cuota
suficiente de vecinos que apoyen estas reformas, que elevan la cuota de
la comunidad. Pero, la reforma de la ley general de derechos de las
personas con discapacidad acaba con esa situación al recoger como un
derecho la accesibilidad, tanto en sus viviendas como en el acceso a los
edificios públicos.
Así
lo acaba de aprobar el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio
de Derechos Sociales, que dirige Pablo Bustinduy, que también ha
presentado una reforma de la ley de dependencia que amplía derechos, como el de tener treleasistencia.
Respecto
a la accesibilidad en los edificios privados, se modificará la ley de
propiedad horizontal para asegurar que se llevan a cabo de manera
obligatoria las reformas necesarias en el edificio. En caso de que se le
niegue, el vecino con discapacidad podrá acudir a la justicia.
Se rebaja la cantidad que los vecinos han de poner para poder optar a esas subvenciones
¿Y
el coste? Se modifica el límite económico de las intervenciones en las
viviendas y en los casos de reformas encaminadas a asegurar la
accesibilidad el periodo temporal de repercusión de gastos comunes será
de tantos años como las opciones de financiación disponible lo permitan.
También
se estable la obligación de que la comunidad de propietarios solicite
todas aquellas ayudas y subvenciones que precisen, a la vez que se
rebaja la cantidad que los vecinos han de poner para poder optar a esas
subvenciones (del 75% al 70%).
¿Y
en los espacios públicos? Pues será obligatorio que las personas con
discapacidad puedan acceder y desenvolverse con normalidad. Para ello se
crea un fondo estatal de promoción de la accesibilidad universal, que
contará, entre otros, con el dinero de las multas que se recauden por
sanciones contra las personas con discapacidad.
La
reforma de esta norma incluye además el fin de discriminación de las
personas con discapacidad a la hora de contratar seguros relacionados
con la salud y la vida y se regulará como infracción grave con multas de
entre 600.000 y un millón de euros a los que expongan a una persona con
discapacidad en un espectáculo de feria, en un local abierto o en redes
sociales. Estas multas irán al mencionado fondo.