El Estado español continúa sin aplicar
la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU,
ratificada en 2008, al impedir ejercer el derecho de sufragio a 80.000
personas que cuentan con una sentencia judicial de incapacidad total
–dato de la Fiscalía General del Estado–. Ley Orgánica de Reforma
Electoral (LOREG) todavía no ha sido modificada por el Parlamento y
miles de ciudadanos quedan excluidos de los comicios.
“Este es el problema más radical y
estructural. Lo permite la legislación electoral”, advierte el
presidente del Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno en declaraciones a Europa
Press, que recuerda que la Convención de Naciones Unidas obliga a España
a modificar la ley bajo la premisa de que ninguna persona por razones
de discapacidad puede ser privada de este derecho fundamental.
En 2011, la ONU examinó a España para
comprobar el nivel de adaptación de más de 90 normativas a la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que había firmado
tres años antes. Según recuerda el presidente del CERMI, “Naciones
Unidas advirtió al Gobierno de que no había hecho los deberes en materia
electoral al no modificar la LOREG”.
A su juicio, se trata de una cuestión de
“voluntad política”. En octubre de 2013, la Comisión Constitucional del
Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno
que elaborara una propuesta de reforma electoral en el plazo de seis
meses. Ha pasado más de un año y medio y desde el Ejecutivo no ha salido
ningún informe al respecto.
“A NADIE SE LE PIDE QUE JUSTIFIQUE SU VOTO”
“No cuesta nada acometer este cambio”,
lamenta Pérez Bueno, que asegura que el Ministerio del Interior, que es
el organismo competente en materia electoral, “insiste en que no es
necesario modificar la ley”, pese a la advertencia de la ONU, la
petición del Congreso de los Diputados y la insistencia del Real
Patronato de la Discapacidad.
Para el gerente de Down España, Agustín
Matía, el problema sobre la restricción del voto del colectivo con
discapacidad intelectual radica en la “aplicación estricta” de la LOREG
por determinados jueces, que en sus sentencias realizan una definición
de la capacidad de la persona para determinar si puede o no ejercer su
derecho al sufragio.
A su juicio, la “cuestión de fondo” es
que en España actualmente a ninguna persona se le pide una explicación o
valoración sobre el partido o candidato al que vota, ni una
demostración de si comprende o no los mensajes o programas. “¿Por qué se
exige esto a las personas con discapacidad intelectual y al resto no?”,
se pregunta Matía, que recuerda que la gente puede apoyar a un partido
porque le gusta el color de sus siglas o la sonrisa de su candidato.
REVISIÓN DE SENTENCIAS DE INCAPACIDAD
“El sistema electoral también tiene que
ser abierto para las personas con discapacidad”, asegura este
representante de Down España, que compara la situación que viven ahora
miles de ciudadanos con discapacidad con la de las mujeres en España a
las que se les impidió votar hasta 1933.
Otra de las iniciativas para ampliar
este derecho de sufragio es la de pedir la revisión de las sentencias
judiciales de incapacidad, tal y como hace la Confederación española de
organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual y
del desarrollo FEAPS. Según su responsable de Comunicación, Fermín
Núñez, aunque se ha conseguido incapacitaciones parciales o incluso
revocar totales, todavía hay miles de personas privadas de este derecho
fundamental.
FEAPS puso en marcha en 2014 la campaña
‘#MiVotoCuenta’ para las elecciones europeas con el objetivo de
concienciar a la sociedad y a las personas con discapacidad intelectual
de la importancia de ejercer su derecho al voto e incidir directamente
en las campañas de los partidos políticos.
PROGRAMAS ACCESIBLES
Esta misma niciativa ha continuado
desarrollándola en 2015 para los comicios municipales y autonómicos.
Además de reclamar a revocación de las incapacitaciones legales, también
se centra en los problemas de accesibilidad a la hora de votar y en la
adaptación de los programas electorales a ‘lectura fácil’ para favorecer
su comprensión.
Desde las elecciones generales de 2012,
FEAPS se ha reunido con los responsables de campaña de los principales
partidos para hacer accesibles los programas a través de vídeos resumen o
adaptándolos al sistema de ‘lectura fácil’. De entre todos ellos, Núñez
pone como ejemplo a UPyD al ser la formación política más diligente en
este sentido.
El PSOE también colgó en 2012 en su Web
una versión más sencilla y la puso al mismo nivel que la normal e
Izquierda Unida (IU) hizo un vídeo, un recurso utilizado también por el
PP en las europeas del año pasado. Equo y Podemos también realizaron una
versión de ‘lectura fácil’.
“Si se dirigen a la ciudadanía a captar
el voto, que sepan que hay un diez por ciento que tiene más complicado
acceder al mismo porque puede no enterarse bien o no recibir el mensaje.
Aunque sea solo por egoísmo, los partidos deberían tomar más medidas de
accesibilidad”, subraya el presidente del CERMI al respecto.
POLÍTICOS CON DISCAPACIDAD
Antonio Guilló, una de las personas con
discapacidad intelectual que ha participado en ediciones anteriores de
la campaña #MiVotoCuenta y es formador de Derechos de FEAPS, afirma que
hasta hace poco este colectivo tenía “muy difícil” comprender de lo que
decían los políticos. “Mucha gente no entendía los mensajes y como
consecuencia no opinaba y decidía no votar”, advierte.
Si bien Guilló celebra que las personas
con discapacidad intelectual cada vez son más conscientes de su
capacidad para ejercer el derecho de sufragio, también asegura que
“todavía queda mucho por hacer” al respecto. Para él, lo deseable sería
que hubiera también en las listas más políticos con discapacidad para
sentirse “realmente representados y escuchados”.
http://www.cronicabalear.es/2015/05/espana-desobedece-a-la-onu-e-impide-votar-a-80-000-personas-con-discapacidad/
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