La ley establece un régimen de infracciones y sanciones para garantizar el derecho a la no discriminación
La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que se puede consultar en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es la normativa que se encarga de velar por la protección de las personas con discapacidad que puedan sufrir algún tipo de discriminación, en sus múltiples formas. De esta manera, esta ley tiene como objetivo "garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación".
Asimismo, la normativa establece un régimen de infracciones y sanciones para la protección de dichas condiciones en materia de igualdad, no discriminación y accesibilidad. Pero, ¿qué se debe hacer ante un episodio discriminatorio? ¿Dónde hay que acudir? El Real Patronato sobre Discapacidad explica en una guía cuáles son los pasos a seguir si una persona con discapacidad se encuentra en esta situación.
Dónde acudir ante una discriminación
En primer lugar, si una persona con discapacidad considera que ha sufrido algún tipo de discriminación, puede acudir a las siguientes instituciones públicas:
- El Defensor del Pueblo.
- La Fiscalía.
- La Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio.
- El Mecanismo Independiente de Seguimiento
- de la Convención Internacional sobre los Derechos
- de las Personas con Discapacidad.
- La Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS).
En este sentido, explica, se puede acudir al OADIS "si piensas que te han discriminado por ser una persona con discapacidad, si crees que has recibido un trato inadecuado, si te encuentras con lugares inaccesibles o si crees que una norma te perjudica", aclaran.
Presentar una denuncia: sanciones
Para que la Administración pueda interponer una sanción a la persona o institución que ha cometido un acto discriminatorio, es necesario presentar previamente una denuncia. "Las infracciones y sanciones sirven para castigar a cualquier persona que discrimina o excluye a personas con discapacidad", indica el Patronato. En este sentido, las comunidades autónomas y la Oficina de Atención a la Discapacidad son las encargadas de tramitar el informe de las denuncias.
No solo podrán presentar una denuncia las personas con discapacidad que hayan sufrido la discriminación, sino también familiares, representantes legales, organizaciones y asociaciones.
Las multas por haber cometido una infracción de este tipo podrán oscilar entre los 301 euros y el millón de euros, dependiendo del grado y de las circunstancias. En este sentido, se considerará como leve a las conductas que "no cumplen con los procedimientos que establece la ley" y que dejan de tener validez pasado un año.
Por otro lado, se considerarán cuatro supuestos para infracciones graves, que dejan de ser válidas a los tres años:
- Discriminar a personas con discapacidad y dar un trato favorable a otras personas.
- No cumplir con las obligaciones de accesibilidad y negar los ajustes razonables.
- No cumplir una petición que hace la administración.
- Presionar a la persona que quiere denunciar una discriminación para que no lo haga.
Finalmente, se catalogan como infracciones muy graves las siguientes:
- Conductas de acoso relacionadas con la discapacidad.
- No cumplir varias veces con peticiones que hace la administración.
- Presionar a las personas encargadas de hacer cumplir la ley para que no la cumplan.
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