La reforma de la ley considera la accesibilidad como un derecho por lo que se eliminarán barreras arquitectónicas en los edificios públicos
Unos 100.000 vecinos con discapacidad viven encerrados en sus casa por no poder acceder a la calle
Las barreras arquitectónicas impiden a la mayoría de las personas con discapacidad vivir con las personas normativas
Unas 100.000 personas viven encerradas en sus domicilios. La discapacidad que sufren y las barreras arquitectónicas de sus edificios les obligan a vivir encerrados. Normalmente es por las escaleras de acceso o por la falta de ascensores y los afectados no consiguen tener la cuota suficiente de vecinos que apoyen estas reformas, que elevan la cuota de la comunidad. Pero, la reforma de la ley general de derechos de las personas con discapacidad acaba con esa situación al recoger como un derecho la accesibilidad, tanto en sus viviendas como en el acceso a los edificios públicos.
Así lo acaba de aprobar el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Bustinduy, que también ha presentado una reforma de la ley de dependencia que amplía derechos, como el de tener treleasistencia.
Respecto a la accesibilidad en los edificios privados, se modificará la ley de propiedad horizontal para asegurar que se llevan a cabo de manera obligatoria las reformas necesarias en el edificio. En caso de que se le niegue, el vecino con discapacidad podrá acudir a la justicia.
Se rebaja la cantidad que los vecinos han de poner para poder optar a esas subvenciones
¿Y el coste? Se modifica el límite económico de las intervenciones en las viviendas y en los casos de reformas encaminadas a asegurar la accesibilidad el periodo temporal de repercusión de gastos comunes será de tantos años como las opciones de financiación disponible lo permitan.
También se estable la obligación de que la comunidad de propietarios solicite todas aquellas ayudas y subvenciones que precisen, a la vez que se rebaja la cantidad que los vecinos han de poner para poder optar a esas subvenciones (del 75% al 70%).
¿Y en los espacios públicos? Pues será obligatorio que las personas con discapacidad puedan acceder y desenvolverse con normalidad. Para ello se crea un fondo estatal de promoción de la accesibilidad universal, que contará, entre otros, con el dinero de las multas que se recauden por sanciones contra las personas con discapacidad.
La reforma de esta norma incluye además el fin de discriminación de las personas con discapacidad a la hora de contratar seguros relacionados con la salud y la vida y se regulará como infracción grave con multas de entre 600.000 y un millón de euros a los que expongan a una persona con discapacidad en un espectáculo de feria, en un local abierto o en redes sociales. Estas multas irán al mencionado fondo.
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