Cien días para ser accesibles en Alicante

El 4 de diciembre finaliza el plazo concedido por la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad para eliminar las barreras arquitectónicas

 

 

Dentro de 100 días no deberían existir las barreras arquitectónicas en España. Esta entelequia, además de completamente irreal, no sería tan preocupante si no fuesa porque el 4 de diciembre de 2017 finaliza el plazo para garantizar que las personas con discapacidad puedan hacer uso de los elementos comunes en edificios privados y públicos en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía.  

Así lo recoge el Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Es decir, que diez años después de configurar un marco legislativo de protección de los derechos de las personas con discapacidad, todo apunta a que los plazos se van a incumplir de una manera evidente.

El movimiento asociativo de personas con discapacidad es muy receloso a la hora de dar un margen de confianza. Por muchos avances que se hayan producido en los últimos meses, especialmente en calzadas, comercios, edificios de pública concurrencia, transportes y edificios públicos, «es absolutamente inviable que se pueda cumplir la ley en cuatro meses y vamos a seguir adoleciendo de falta de muchos espacios accesibles», asegura el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) en Alicante, Antonio Ruescas.

En 2015, el Consejo General del Colegio de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), reconocía que el 75% de los edificios necesitaban mejorar la accesibilidad. Si a este déficit le añadimos que, al menos, en uno de cada cinco hogares españoles vive un discapacitado (según el INE), sería necesario acometer reformas en el 20 % de los más de 18 millones de hogares que hay registrados en España.

En estos dos últimos años son muy frecuentes las reformas que se han acometido en propiedades privadas. El administrador de fincas José María Manchón, que gestiona unas 50 comunidades por Alicante y alrededores, piensa que las obras se realizan «porque hay algún caso concreto de minusvalía o vive un vecino con movilidad reducida y se pide que se haga la obra, pero no se hacen obras por cumplir la ley».

Por parte del comercio, el presidente de Corazón de Alicante, Vicente Armengol, considera que el cumplimiento de la ley es «bastante alto. Los nuevos negocios cumplen la normativa, pero los negocios antiguos están muy limitados por la propia finca. Y además, no es lo más urgente cuando el comercio no está en su mejor momento».
Para Armengol, es más grave la situación de «muchas calles de zonas comerciales, que apenas tienen aceras, como Bailén o Manuel Antón, junto al Mercado». Por eso confía en que pronto se pueda peatonalizar el centro tradicional (Constitución, Castaños, Gabriel Miró), una medida que «aumentará la accesibilidad».

http://amp.diarioinformacion.com/alicante/2017/08/28/cien-dias-accesibles/1930121.html