MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite
el recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de España
planteado por el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (Cermi) por la inacción del Ejecutivo al no haber aprobado,
tras superar todos los plazos legales, el reglamento de condiciones de
accesibilidad universal y no discriminación de las personas con
discapacidad a los bienes y servicios a disposición del público.
Coincidiendo
con el 4 de diciembre, límite legal para que todos los entornos,
productos y servicios sean accesibles, el Cermi interpuso este recurso
ante el Supremo para que el Alto Tribunal condene al Estado a cumplir la
Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
Inclusión Social de 2013, que ordenaba al Ejecutivo aprobar este
desarrollo reglamentario en el plazo de 2 años, que expiró en diciembre
de 2015, explicó el Cermi.
"Dada la
inactividad del Gobierno, que ha ignorado este mandato legal, pese a las
insistentes peticiones del movimiento social de la discapacidad, el
Cermi presentó este recurso, ahora admitido a trámite, a fin de que la
Justicia, si estima el fondo de la demanda, obligue al Ejecutivo a
cumplir las leyes del Parlamento cuando le ordenan acometer desarrollos
reglamentarios", agregó el comité que representa al colectivo de las
personas con discapacidad.
La no
aprobación de estas condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación en el acceso a bienes y servicios impide, destaca el
Cermi "que se avance en la inclusión de las personas con discapacidad en
ámbitos como el comercio, la educación, la cultura y el deporte, entre
otros, al no existir una normativa mínima estatal reguladora de estas
necesidades de accesibilidad".
Tras la
admisión de la demanda, el Tribunal Supremo ha requerido al Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a fin de que en el
improrrogable plazo de veinte días, remita el expediente administrativo
correspondiente a la resolución impugnada.
La
demanda del Cermi se enmarca en la litigación estratégica que desde la
plataforma de la discapacidad se efectuará en las próximas semanas y
meses contra los titulares de entornos, bienes y servicios, públicos y
privados, que no cumplan con los requisitos legales de accesibilidad.
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