El colectivo de personas con movilidad reducida denuncia la falta de implicación de las administraciones a la hora de acometer reformas para la eliminación de barreras arquitectónicas.
Noelia Santos | Actualizado 24.07.2016
Javier García, delegado de Cota Cero en Córdoba, en la redacción de 'el Día'.
Esta misma semana, la senadora electa Virginia Felipe tomó posesión de
su cargo y acató la Constitución ante notario dadas las barreras
arquitectónicas que existen en el antiguo Salón de Plenos del Senado.
Felipe, que se desplaza en sillas de ruedas, estuvo acompañada por un
nutrido grupo de integrantes de la plataforma Cota Cero, entre los que
se encontraba Javier García.
-¿Qué es Cota Cero?
-Es una asociación que trabaja con personas con discapacidad. Nuestro ámbito se circunscribe a todo el territorio nacional y ya se han hecho muchas actuaciones, por ejemplo, tenemos 54 expedientes abiertos relacionados con la accesibilidad y las barreras arquitectónicas.
-En el caso de Córdoba, ¿cómo es discurrir por la ciudad para una persona con movilidad reducida?
-Muy complicado, nos convierte en ciudadanos temerarios porque tenemos que serlo para salir a la calle. Estamos constantemente asumiendo unas situaciones de riesgo innecesarias. La ley lo dice de forma muy concreta y existen descripciones técnicas de cómo se tienen que hacer los rebajes de los bordillos y pone expresamente que tienen que estar a cota cero, es decir, ajustado el acerado con respecto a la calzada. Cualquier ciudadano que circule por la ciudad puede apreciar que en más del 95% no está hecho así, hay un déficit importante que habrá que atajar en algún momento. Hay una normativa del año 2009 de la Junta de Andalucía que sigue en vigor y no se ha hecho absolutamente nada en ese sentido. Si bien es cierto que las últimas actuaciones que se hacen sí se hacen bien, en el 95% de todo lo anterior no se está rectificando. Lo que sucede es que cada vez que tenemos que afrontar un escalón, la silla se estropea, se desajusta y provoca averías. Esto produce una tremenda frustración cuando comprobamos que se han hecho los trabajos de infraestructuras y se dejan hasta diez centímetros de diferencia, lo que pone de manifiesto que las personas que están haciendo el trabajo no saben cuál es su objetivo fundamental.
-¿Y por qué cree que pasa esto?
-En Córdoba existe una ordenanza del año 94 sobre el tema de eliminación de barreras arquitectónicas. El decreto de la Junta obligaba a todos los ayuntamientos a que actualizaran la normativa respecto a accesibilidad y aquí no se ha hecho. Por ejemplo, hay un epígrafe en la ordenanza que explica que los desajustes entre acera y calzada pueden estar entre dos y cuatro centímetros, una ley que en teoría era de máximos se ha convertido en una de mínimos. Yo he estado en sitios donde los trabajadores estaban poniendo el encofrado y tenía un desajuste de dos dedos y le decía que le dieran con el martillo para que se pusiera a nivel y ellos decían que les obligan a ponerlo a dos centímetros como mínimo. Se acogen a la ordenanza municipal cuando tendrían que acogerse a la normativa andaluza. Y produce frustración el saber que las personas que están trabajando no saben exactamente para qué es eso, la utilidad que tiene. Cuando vamos a un comercio, por ejemplo, y vemos una rampa con una pendiente del 60% o con un escalón, pensamos que el único propósito es obtener la licencia de apertura y eso no es así, lo principal es facilitar el paso de las personas y por el mismo coste se podría haber hecho bien.
-También es cierto que en Córdoba existen espacios, como por ejemplo la Judería, con acerados muy pequeños donde es complicado el pasear.
-Es cierto, pero hay un criterio que ya se empezó a poner de moda (que además es bueno) durante la legislatura del anterior Ayuntamiento que era el concepto de plataforma única. Cuando las calles no se puedan rebajar lo más sencillo es ponerlo todo al mismo nivel. Así no hay ningún problema, los ciudadanos y los vehículos conviven con tranquilidad, los coches saben que tienen que rebajar su velocidad, se ponen pivotes para limitar una zona u otra o se hace con colores diferentes, eso supone un cambio de la noche a la mañana.
-¿Está esa plataforma única presente en muchas calles?
-En poquísimas, en las calles Málaga y Sevilla y la plaza Emilio Luque, por ejemplo. Allí había un proyecto original que contemplaba mantener los acerados con desniveles y nosotros, a través de la asociación A Pata, hicimos una campaña defendiendo el concepto de plataforma única y la administración lo ejecutó así. Es un espacio muy amable donde conviven el peatón y el coche sin ningún tipo de problema y no se generan dificultades para nadie. Porque además hay que recordar que los problemas de accesibilidad no son exclusivos de personas con discapacidad, sino también de las personas mayores, niños que están aprendiendo a andar, mujeres en avanzado estado de gestación o que llevan un cochecito de bebé, o incluso los ciclistas. Es un concepto novedoso y atractivo. Las ciudades, en las últimas décadas, han evolucionado a favor del coche y tendremos que retrotraernos al origen y decir que las ciudades son de las personas.
-¿Cuál sería la ciudad modelo en cuanto a materia de accesibilidad?
-Por ejemplo, hace unos años tuve la suerte de estar en Dinamarca, en Copenhague, y a nivel de infraestructuras está mucho peor que Córdoba, pero no existe ni un acerado del que no te puedas subir o bajar, porque se soluciona con un poco de material asfáltico y le ponen una rampa. No tienen los rebajes de diseño que aquí tenemos, pero que si se hacen mal no responden a la utilidad para la cual se han concebido. Cuando decimos que hay que rectificar nos dicen que cuesta dinero, pero si desde un principio se hiciera bien, la accesibilidad no tiene por qué costar más, sólo hay que tenerla en mente a la hora de diseñar y de construir. No conozco a nadie que se pueda sentir perjudicado por los temas de accesibilidad, beneficia absolutamente a todos. La proyección que hay ahora mismo de la sociedad, para el año 2040 habla de que el 40% o el 50%, por el envejecimiento de la pirámide poblacional, va a tener problemas de movilidad. Hay que hacer ciudades amables y cómodas con esa perspectiva y que no discriminen a ningún ciudadano.
-¿Os sentís un colectivo discriminado?
-Totalmente. Muchas veces nos dicen en las administraciones que tenemos mucha prisa por arreglar las cosas. Pero es que persisten los mismos problemas 30 años después.
-Y si por las calles es complicado, ¿cómo es el acceso a los edificios, tanto públicos como privados?
-Todavía hay mucha deficiencia. Por ejemplo, el antiguo Ayuntamiento. Ahí estuvimos peleando hace muchos años porque había un problema evidente con los escalones de entrada. Después de mucho pelear se puso una pequeña plataforma elevadora con una carencia tan simple y elemental que nos produce vergüenza torera y es que uno cuando abre la puerta y te metes dentro, estás como en un toril y no puedes maniobrar, no puedes cerrar la puerta. Son cosas tan nimias… Y es que lo fundamental que defendemos es el principio de autonomía personal y ahí por ti mismo no puedes hacerlo. Todo por un muelle que podía valer cinco pesetas y aún sigue así. Te obliga a que cuando vayas tienes que estar pendiente de que pase alguien por allí, pedirle ayuda para que cierre la puerta y funcione la plataforma. Te obligan a ser dependientes.
-¿Cuál es la verdadera labor de las administraciones en este caso?
-Tienen que tener un componente educacional, decirle a la gente que tiene que hacer algo con un propósito, no es exclusivamente el aparato coercitivo o sancionador, el "si no pones la rampa te denuncio", esa no es la forma de abordar el asunto. Se tiene que hacer porque por ley, no se puede discriminar a ningún ciudadano, tiene que hacerlo de manera que favorezca el paso de la gente. La ley no puede ser sancionadora, esa no es la forma de abordarlo, tiene que estar latente ese factor pedagógico. Pero por desgracia, el sistema sancionador es lo que más funciona. Se incumple mucho el tema de la accesibilidad y sin embargo tuvo mucho éxito la ley antitabaco, por el sistema sancionador que llevaba implícito. Y aunque haya momentos en los que nos enfadamos mucho y decimos que lo que hay que hacer es aplicar esas sanciones, creemos que no es necesario. La mayoría de la gente tiene sentido común pero hay que explicarle las cosas bien, simplemente decirle que pongan la rampa para facilitar el paso y no sólo para que le den la licencia de apertura.
-Se les ve mucho por los plenos municipales, ¿cómo es la relación con el cogobierno?
-Le dijimos al Ayuntamiento que había problemas puntuales de accesibilidad y nos dijeron que tomaban nota pero que no había disponibilidad presupuestaria y que cuando la hubiera la abordarían. Más tarde, la Diputación habilitó un millón de euros para todos los ayuntamientos de la provincia para aplicarlos a la eliminación de barreras arquitectónicas y vimos ahí la oportunidad. Así el Ayuntamiento no nos podría decir que no tenía recursos. Teníamos 15 medidas nimias en cuanto al coste económico de las mismas y pensábamos que con la asignación que correspondía a córdoba, 23.000 euros, habría suficiente. Las pusimos sobre la mesa y podríamos haber puesto 20 o 3.000, porque haberlas, las hay, pero queríamos ajustarnos a esa cantidad económica. No sabemos por qué razón el Ayuntamiento se desmarcó diciendo que el dinero lo iban a utilizar para arreglar cuatro paradas de autobús que a su juicio suponían, supuestamente, una eliminación de barreras. No teníamos constancia de que en esas paradas no se pudieran subir una persona con discapacidad. Hay otras prioridades, pero como no hablan con los colectivos, tienen una percepción distorsionada de la realidad. El otro día en el Pleno nos dijo Amparo Pernichi que ellos habían estimado, no sé cómo, que el barrio de la Fuensanta estaba muy mal en materia de accesibilidad y que ahora iba a ser objeto prioritario de actuación, no sé de dónde se sacan eso, porque también habría que ver la densidad de paso, no es lo mismo arreglar un sitio por donde pasan 10.000 personas, a otro que pasan cuatro. Hay conceptos de racionalidad que hay que poner sobre la mesa y esos criterios no existen.
-¿Qué opina del modelo nacional de dependencia?
-Es un modelo asistencial y lo que queremos es decidir lo que necesitamos. En el modelos asistencial, cuando la administración por cada hora de asistencia dedica diez euros, la persona última que va a tu casa cobra a seis euros la hora, cuatro euros que se pierden en a saber qué historias. Abogamos por una gestión directa como sucede por ejemplo con el modelo holandés, la administración determina qué tipo de discapacidad tienes y qué asistencia necesitas y te da un cheque para que contrates a una persona que sea de tu confianza con todos los parámetros legales exigibles. Ahí no se pierde dinero, no hay intermediaciones, redunda en que la persona que hace el trabajo sea la verdadera perceptora de ese dinero. Trabajar hoy en día por seis euros la hora con un dependiente es muy fuerte y a veces te atienden de cualquier manera. En algún momento tendremos que abordar el debate sobre ese modelo. Si se trata de atender a los dependientes, tenemos que poner al dependiente en el centro del asunto. Parece que somos el último mono de la cuadrilla.
-¿Y qué tal la financiación de la ley de dependencia?
-Escasa. Cuando uno contrata un servicio de limpieza del hogar se habla de diez a 11 euros la hora. El trato al dependiente es más complejo y más costoso, de más responsabilidad y por lo tanto debería estar mejor pagado, al menos con 14 euros la hora. Ello redundaría en la calidad del servicio que se recibe. Lo importante es que se le dé al dependiente la capacidad de elegir qué persona quiere que le haga el servicio.
-¿Tiene un dependiente más complicada la búsqueda de trabajo?
-Lo tiene difícil, lo primero por las barreras arquitectónicas. Existe mucha normativa en materia de inserción laboral, todas las empresas tendrían que tener contratados no menos de un 10% de personas con discapacidad, eso a día de hoy no se cumple. Hay muchas administraciones que nos encajonan en trabajos con un desagravio, en la parte más baja de la cualificación profesional. Eso no es lo que dice la ley. Lo que habría que hacer es que cada vez que hubiese una convocatoria pública de puestos de trabajo, se hiciera para todos los niveles, hay personas con discapacidad que tienen estudios de ingeniería
-¿Qué es Cota Cero?
-Es una asociación que trabaja con personas con discapacidad. Nuestro ámbito se circunscribe a todo el territorio nacional y ya se han hecho muchas actuaciones, por ejemplo, tenemos 54 expedientes abiertos relacionados con la accesibilidad y las barreras arquitectónicas.
-En el caso de Córdoba, ¿cómo es discurrir por la ciudad para una persona con movilidad reducida?
-Muy complicado, nos convierte en ciudadanos temerarios porque tenemos que serlo para salir a la calle. Estamos constantemente asumiendo unas situaciones de riesgo innecesarias. La ley lo dice de forma muy concreta y existen descripciones técnicas de cómo se tienen que hacer los rebajes de los bordillos y pone expresamente que tienen que estar a cota cero, es decir, ajustado el acerado con respecto a la calzada. Cualquier ciudadano que circule por la ciudad puede apreciar que en más del 95% no está hecho así, hay un déficit importante que habrá que atajar en algún momento. Hay una normativa del año 2009 de la Junta de Andalucía que sigue en vigor y no se ha hecho absolutamente nada en ese sentido. Si bien es cierto que las últimas actuaciones que se hacen sí se hacen bien, en el 95% de todo lo anterior no se está rectificando. Lo que sucede es que cada vez que tenemos que afrontar un escalón, la silla se estropea, se desajusta y provoca averías. Esto produce una tremenda frustración cuando comprobamos que se han hecho los trabajos de infraestructuras y se dejan hasta diez centímetros de diferencia, lo que pone de manifiesto que las personas que están haciendo el trabajo no saben cuál es su objetivo fundamental.
-¿Y por qué cree que pasa esto?
-En Córdoba existe una ordenanza del año 94 sobre el tema de eliminación de barreras arquitectónicas. El decreto de la Junta obligaba a todos los ayuntamientos a que actualizaran la normativa respecto a accesibilidad y aquí no se ha hecho. Por ejemplo, hay un epígrafe en la ordenanza que explica que los desajustes entre acera y calzada pueden estar entre dos y cuatro centímetros, una ley que en teoría era de máximos se ha convertido en una de mínimos. Yo he estado en sitios donde los trabajadores estaban poniendo el encofrado y tenía un desajuste de dos dedos y le decía que le dieran con el martillo para que se pusiera a nivel y ellos decían que les obligan a ponerlo a dos centímetros como mínimo. Se acogen a la ordenanza municipal cuando tendrían que acogerse a la normativa andaluza. Y produce frustración el saber que las personas que están trabajando no saben exactamente para qué es eso, la utilidad que tiene. Cuando vamos a un comercio, por ejemplo, y vemos una rampa con una pendiente del 60% o con un escalón, pensamos que el único propósito es obtener la licencia de apertura y eso no es así, lo principal es facilitar el paso de las personas y por el mismo coste se podría haber hecho bien.
-También es cierto que en Córdoba existen espacios, como por ejemplo la Judería, con acerados muy pequeños donde es complicado el pasear.
-Es cierto, pero hay un criterio que ya se empezó a poner de moda (que además es bueno) durante la legislatura del anterior Ayuntamiento que era el concepto de plataforma única. Cuando las calles no se puedan rebajar lo más sencillo es ponerlo todo al mismo nivel. Así no hay ningún problema, los ciudadanos y los vehículos conviven con tranquilidad, los coches saben que tienen que rebajar su velocidad, se ponen pivotes para limitar una zona u otra o se hace con colores diferentes, eso supone un cambio de la noche a la mañana.
-¿Está esa plataforma única presente en muchas calles?
-En poquísimas, en las calles Málaga y Sevilla y la plaza Emilio Luque, por ejemplo. Allí había un proyecto original que contemplaba mantener los acerados con desniveles y nosotros, a través de la asociación A Pata, hicimos una campaña defendiendo el concepto de plataforma única y la administración lo ejecutó así. Es un espacio muy amable donde conviven el peatón y el coche sin ningún tipo de problema y no se generan dificultades para nadie. Porque además hay que recordar que los problemas de accesibilidad no son exclusivos de personas con discapacidad, sino también de las personas mayores, niños que están aprendiendo a andar, mujeres en avanzado estado de gestación o que llevan un cochecito de bebé, o incluso los ciclistas. Es un concepto novedoso y atractivo. Las ciudades, en las últimas décadas, han evolucionado a favor del coche y tendremos que retrotraernos al origen y decir que las ciudades son de las personas.
-¿Cuál sería la ciudad modelo en cuanto a materia de accesibilidad?
-Por ejemplo, hace unos años tuve la suerte de estar en Dinamarca, en Copenhague, y a nivel de infraestructuras está mucho peor que Córdoba, pero no existe ni un acerado del que no te puedas subir o bajar, porque se soluciona con un poco de material asfáltico y le ponen una rampa. No tienen los rebajes de diseño que aquí tenemos, pero que si se hacen mal no responden a la utilidad para la cual se han concebido. Cuando decimos que hay que rectificar nos dicen que cuesta dinero, pero si desde un principio se hiciera bien, la accesibilidad no tiene por qué costar más, sólo hay que tenerla en mente a la hora de diseñar y de construir. No conozco a nadie que se pueda sentir perjudicado por los temas de accesibilidad, beneficia absolutamente a todos. La proyección que hay ahora mismo de la sociedad, para el año 2040 habla de que el 40% o el 50%, por el envejecimiento de la pirámide poblacional, va a tener problemas de movilidad. Hay que hacer ciudades amables y cómodas con esa perspectiva y que no discriminen a ningún ciudadano.
-¿Os sentís un colectivo discriminado?
-Totalmente. Muchas veces nos dicen en las administraciones que tenemos mucha prisa por arreglar las cosas. Pero es que persisten los mismos problemas 30 años después.
-Y si por las calles es complicado, ¿cómo es el acceso a los edificios, tanto públicos como privados?
-Todavía hay mucha deficiencia. Por ejemplo, el antiguo Ayuntamiento. Ahí estuvimos peleando hace muchos años porque había un problema evidente con los escalones de entrada. Después de mucho pelear se puso una pequeña plataforma elevadora con una carencia tan simple y elemental que nos produce vergüenza torera y es que uno cuando abre la puerta y te metes dentro, estás como en un toril y no puedes maniobrar, no puedes cerrar la puerta. Son cosas tan nimias… Y es que lo fundamental que defendemos es el principio de autonomía personal y ahí por ti mismo no puedes hacerlo. Todo por un muelle que podía valer cinco pesetas y aún sigue así. Te obliga a que cuando vayas tienes que estar pendiente de que pase alguien por allí, pedirle ayuda para que cierre la puerta y funcione la plataforma. Te obligan a ser dependientes.
-¿Cuál es la verdadera labor de las administraciones en este caso?
-Tienen que tener un componente educacional, decirle a la gente que tiene que hacer algo con un propósito, no es exclusivamente el aparato coercitivo o sancionador, el "si no pones la rampa te denuncio", esa no es la forma de abordar el asunto. Se tiene que hacer porque por ley, no se puede discriminar a ningún ciudadano, tiene que hacerlo de manera que favorezca el paso de la gente. La ley no puede ser sancionadora, esa no es la forma de abordarlo, tiene que estar latente ese factor pedagógico. Pero por desgracia, el sistema sancionador es lo que más funciona. Se incumple mucho el tema de la accesibilidad y sin embargo tuvo mucho éxito la ley antitabaco, por el sistema sancionador que llevaba implícito. Y aunque haya momentos en los que nos enfadamos mucho y decimos que lo que hay que hacer es aplicar esas sanciones, creemos que no es necesario. La mayoría de la gente tiene sentido común pero hay que explicarle las cosas bien, simplemente decirle que pongan la rampa para facilitar el paso y no sólo para que le den la licencia de apertura.
-Se les ve mucho por los plenos municipales, ¿cómo es la relación con el cogobierno?
-Le dijimos al Ayuntamiento que había problemas puntuales de accesibilidad y nos dijeron que tomaban nota pero que no había disponibilidad presupuestaria y que cuando la hubiera la abordarían. Más tarde, la Diputación habilitó un millón de euros para todos los ayuntamientos de la provincia para aplicarlos a la eliminación de barreras arquitectónicas y vimos ahí la oportunidad. Así el Ayuntamiento no nos podría decir que no tenía recursos. Teníamos 15 medidas nimias en cuanto al coste económico de las mismas y pensábamos que con la asignación que correspondía a córdoba, 23.000 euros, habría suficiente. Las pusimos sobre la mesa y podríamos haber puesto 20 o 3.000, porque haberlas, las hay, pero queríamos ajustarnos a esa cantidad económica. No sabemos por qué razón el Ayuntamiento se desmarcó diciendo que el dinero lo iban a utilizar para arreglar cuatro paradas de autobús que a su juicio suponían, supuestamente, una eliminación de barreras. No teníamos constancia de que en esas paradas no se pudieran subir una persona con discapacidad. Hay otras prioridades, pero como no hablan con los colectivos, tienen una percepción distorsionada de la realidad. El otro día en el Pleno nos dijo Amparo Pernichi que ellos habían estimado, no sé cómo, que el barrio de la Fuensanta estaba muy mal en materia de accesibilidad y que ahora iba a ser objeto prioritario de actuación, no sé de dónde se sacan eso, porque también habría que ver la densidad de paso, no es lo mismo arreglar un sitio por donde pasan 10.000 personas, a otro que pasan cuatro. Hay conceptos de racionalidad que hay que poner sobre la mesa y esos criterios no existen.
-¿Qué opina del modelo nacional de dependencia?
-Es un modelo asistencial y lo que queremos es decidir lo que necesitamos. En el modelos asistencial, cuando la administración por cada hora de asistencia dedica diez euros, la persona última que va a tu casa cobra a seis euros la hora, cuatro euros que se pierden en a saber qué historias. Abogamos por una gestión directa como sucede por ejemplo con el modelo holandés, la administración determina qué tipo de discapacidad tienes y qué asistencia necesitas y te da un cheque para que contrates a una persona que sea de tu confianza con todos los parámetros legales exigibles. Ahí no se pierde dinero, no hay intermediaciones, redunda en que la persona que hace el trabajo sea la verdadera perceptora de ese dinero. Trabajar hoy en día por seis euros la hora con un dependiente es muy fuerte y a veces te atienden de cualquier manera. En algún momento tendremos que abordar el debate sobre ese modelo. Si se trata de atender a los dependientes, tenemos que poner al dependiente en el centro del asunto. Parece que somos el último mono de la cuadrilla.
-¿Y qué tal la financiación de la ley de dependencia?
-Escasa. Cuando uno contrata un servicio de limpieza del hogar se habla de diez a 11 euros la hora. El trato al dependiente es más complejo y más costoso, de más responsabilidad y por lo tanto debería estar mejor pagado, al menos con 14 euros la hora. Ello redundaría en la calidad del servicio que se recibe. Lo importante es que se le dé al dependiente la capacidad de elegir qué persona quiere que le haga el servicio.
-¿Tiene un dependiente más complicada la búsqueda de trabajo?
-Lo tiene difícil, lo primero por las barreras arquitectónicas. Existe mucha normativa en materia de inserción laboral, todas las empresas tendrían que tener contratados no menos de un 10% de personas con discapacidad, eso a día de hoy no se cumple. Hay muchas administraciones que nos encajonan en trabajos con un desagravio, en la parte más baja de la cualificación profesional. Eso no es lo que dice la ley. Lo que habría que hacer es que cada vez que hubiese una convocatoria pública de puestos de trabajo, se hiciera para todos los niveles, hay personas con discapacidad que tienen estudios de ingeniería
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