El Ministerio de Sanidad ha fijado un tope a la subvención de este tipo de productos para "racionalizar" el gasto. Para beneficiarse de esas ayudas, los discapacitados tendrán que adquirir uno de los modelos incluidos en el nuevo catálogo. Si quieren optar a un prototipo mejor, “nos obligan a renunciar a la subvención y pagar el 100% ", según denuncia COCEMFE
La preocupación de este colectivo radica en algunas novedades diseñadas por el departamento de Alfonso Alonso, entre ellas, el tope a las ayudas que han fijado en este nuevo sistema, se trata del 'Importe Máximo de Financiación' (IMF) para los cerca de 4.000 productos que han recogido en este nuevo catálogo. Para beneficiarse de estas ayudas públicas, los discapacitados sólo podrán adquirir los productos que estén incluidos en esa base de datos (es decir, en el catálogo). Si quieren optar a un modelo mejor, "tendremos que renunciar a las ayudas", es decir, "o cogemos el producto que nos ofrece el catálogo, o tendremos que pagarlo íntegramente", advierte a la SER, Roser Romero, secretaria de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).
Para entenderlo, pongamos un ejemplo, si un discapacitado necesita comprarse una silla ligera, Sanidad solo dará 352 euros de ayuda, "por ese precio, solo encontramos sillas ligeras, por decir algo, de 11 kilos", dice Roser Romero. Pero si quieren optar por una silla ligera mejorada, "una silla ligera de verdad, de 6 kilos por ejemplo, ya no tendré subvención", alertan desde COCEMFE, en ese caso "tendré que pagar íntegramente lo que me cueste la silla".
Una de las tablas que recoge el nuevo catálogo de ayudas (IMF= Importe Máximo de Financiación)
Polémica al margen, y sin ver ningún conflicto a la vista, el Ministerio de Sanidad defiende que la última palabra, para no llegar a ese extremo, la tendrán las comunidades autónomas,
"serán ellas quienes decidan si dan o no esas subvenciones para la
mejora de un producto que no esté incluido en el catálogo", asegura a la
SER el director general de Cartera Básica del Ministerio de Sanidad,
Agustín Rivero. Es más, el Ministerio de Sanidad confía en que la
mayoría de las Comunidades Autónomas asuman sin problemas el pago de
esas ayudas para los prototipos mejorados.
Racionalizar gasto
En el proyecto que ha publicado el Ministerio de Sanidad se admite que “estas normas prevén una serie de iniciativas dirigidas a racionalizar la prestación ortoprotésica”. Entre 2011 y 2013, el Sistema Nacional de Salud gastó 434 millones de euros en ortoprótesis, según los datos que maneja el propio Ministerio de Sanidad. A pesar de todo, el departamento de Alonso admite que “no es posible cuantificar la repercusión económica [que supondrá el nuevo modelo] dado que no se dispone de datos”.
Otro de los objetivos que se marca el Ministerio de Sanidad con este nuevo modelo es hacer homogéneo un sistema que no lo es. Hasta ahora hay una gran disparidad entre las Comunidades Autónomas “existen diferencias en el contenido de la prestación ortoprotésica, en cómo se facilita a los usuarios y en cuánto se abona por cada producto”. En el caso de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Madrid, Murcia, La Rioja e INGESA, el catálogo vigente es el de INSALUD de 2000.
El Ministerio de Sanidad defiende que si no se aprobara esta norma “se podrían incrementar las diferencias territoriales en el contenido de esta prestación, los usuarios no tendrían acceso a los avances tecnológicos que supone la actualización del catálogo”. Pero Sanidad también incide en el aspecto económico porque “no se podría ejercer un control sobre el crecimiento de los costes de las prestaciones ortoprotesicas y las cantidades a abonar por el mismo producto podrían ser diferentes en cada ámbito territorial”.
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