Nadie cumple la ley de accesibilidad para los discapacitados en la capital portugues
Hartas de estar hartas, siete personas en silla de ruedas se cruzaron
en medio de la calle y durante una hora no dejaron pasar a nadie.
Sucedió en Lisboa, la peor capital europea en accesibilidad; y no por
falta de leyes. Desde hace 20 años existe la legislación que obliga a
que los edificios, públicos y privados, las calles y los transportes
públicos sean accesibles a todos los ciudadanos, lleven sillas de ruedas
o carritos de bebé. Un total de 20 años después, la situación apenas ha
cambiado, pero la sensibilidad ante tal atropello sostenido, sí.
Estas siete personas estaban hartas de esperar en la parada del autobús a que llegara uno con rampa para sus sillas de ruedas. A veces hasta ven pasar cinco autobuses porque una cosa es que sean accesibles —solo si el vehículo es nuevo—, y otra muy distinta que funcione. La autoridad competente exhibe como gran logro que la mitad de los autobuses urbanos tiene ya rampa de accesibilidad y que 33 de las 50 paradas de metro también tienen acceso para personas con dificultades; y sí, no mienten, aunque callan si esos accesos funcionan.
Muchos de los ascensores del metro se estropean y así se quedan días y días. Lo mismo ocurre con los autobuses públicos adaptados: llevan la rampa pero nadie se puede subir a ella. No es diferente la situación en los edificios, viejos o nuevos, que se amparan en sucesivos aplazamientos legales para no cumplir la ley de 1997. El 1 de enero acaba otro aplazamiento y el Movimiento de los Deficientes Indignados se moviliza para que no haya otro.
Ni los mismos que promulgan las leyes las acatan, como se ha demostrado en la Asamblea de la República, que el pasado octubre tuvo que realizar obras a toda prisa para que el primer diputado en silla de ruedas pudiera entrar en el edificio y votar. Ahora van a hacer un baño para discapacitados; en todo el edificio solo había uno y está tres plantas más abajo.
Los siete manifestantes se mantuvieron firmes en la calle más de una hora. Llegaron los policías, pero miedo no les daban y arrestarles no podían: sus furgones no están adaptados para detenidos inválidos.
http://elpais.com/elpais/2016/06/30/opinion/1467284072_721386.html?id_externo_rsoc=FB_CC
Estas siete personas estaban hartas de esperar en la parada del autobús a que llegara uno con rampa para sus sillas de ruedas. A veces hasta ven pasar cinco autobuses porque una cosa es que sean accesibles —solo si el vehículo es nuevo—, y otra muy distinta que funcione. La autoridad competente exhibe como gran logro que la mitad de los autobuses urbanos tiene ya rampa de accesibilidad y que 33 de las 50 paradas de metro también tienen acceso para personas con dificultades; y sí, no mienten, aunque callan si esos accesos funcionan.
Muchos de los ascensores del metro se estropean y así se quedan días y días. Lo mismo ocurre con los autobuses públicos adaptados: llevan la rampa pero nadie se puede subir a ella. No es diferente la situación en los edificios, viejos o nuevos, que se amparan en sucesivos aplazamientos legales para no cumplir la ley de 1997. El 1 de enero acaba otro aplazamiento y el Movimiento de los Deficientes Indignados se moviliza para que no haya otro.
Ni los mismos que promulgan las leyes las acatan, como se ha demostrado en la Asamblea de la República, que el pasado octubre tuvo que realizar obras a toda prisa para que el primer diputado en silla de ruedas pudiera entrar en el edificio y votar. Ahora van a hacer un baño para discapacitados; en todo el edificio solo había uno y está tres plantas más abajo.
Los siete manifestantes se mantuvieron firmes en la calle más de una hora. Llegaron los policías, pero miedo no les daban y arrestarles no podían: sus furgones no están adaptados para detenidos inválidos.
http://elpais.com/elpais/2016/06/30/opinion/1467284072_721386.html?id_externo_rsoc=FB_CC
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