Hoy, todos los lugares de acceso tanto públicos como privados tienen obligación por ley de ser accesibles. Desgraciadamente la situación sigue sin cambiar apenas
Existe una Ley de Accesibilidad en vigor desde el pasado 4 de Diciembre de 2017, después de que durante algunos años estuviera en tránsito de aplicación por los costes que se le suponían a la adecuación de entradas, instalación de rampas, pasos de semáforos para personas ciegas, aseos adaptados, etc. Hoy, todos los lugares de acceso tanto públicos como privados tienen obligación por ley de ser accesibles.
Hace unas semanas ya publiqué en este mismo medio un artículo explicando algunas de las carencias que todavía existían, que son muchas. En otro, la historia de Miguel Ángel Galán como ejemplo que clamaba al cielo por la vergonzosa injusticia que supone tener que arrastrarse por el suelo para sortear los escalones que le permitan salir a la calle.
Desgraciadamente la situación sigue sin cambiar apenas. La ausencia de accesibilidad en viviendas, comercios, oficinas y en los medios de transporte de numerosos pueblos y ciudades, sigue dejando bastante que desear como denuncian en redes públicas de modo constante personas como Andoni Moreno con su combativo “Santurtzi Accesible” y grupos como “Eliminando Barreras” desde Sevilla, la asociación APIP C.V. con campañas desde Valencia o el colectivo “Cota Cero” con su mensaje exigiendo a los partidos políticos que “Tú también tienes que cumplir la ley”.
Al mismo tiempo cada vez son más las personas con movilidad reducida que se ven forzadas a realizar episodios reivindicativos movidos por ese instante de enojo en el que no pueden acceder a algún lugar o hacerlo en condiciones degradantes o precarias, Casi a diario se pueden leer en los diarios o escuchar en las noticias algún tipo de acción que lo exige.
Hace algún tiempo fue Juan Manuel Montilla, actor y cantante conocido como El Langui, que arrastra desde su nacimiento una lesión cerebral provocada por falta de oxígeno durante el parto, quien cortó la salida de un autobús porque no podía subir con su scooter eléctrica. Algo tremendamente habitual, bien porque no están acondicionados, bien porque fallan las rampas de acceso.
Tras el revuelo en prensa y programas de televisión, en apenas una semana la Comunidad de Madrid solucionó el conflicto permitiendo que todos los vehículos adaptados pudieran subir a los autobuses de la EMT. Vamos, que lo que debería de ser obligatorio y habitual parece necesitar del jaleo mediático para hacer cumplir las normas. Aun así, considero importante que las personas que tienen algo de relevancia pública pongan su voz y sus actos en maniobras de demanda por la repercusión popular y de concienciación que traen consigo.
También aquí en Valencia, el pasado 26 de mayo, Juan Antonio Peinado que se desplaza en silla de ruedas tras un accidente sufrido llevando ayuda humanitaria al Sahara, se encadenó a un tren en la Estación del Norte de Valencia, harto de que semana tras semana le hagan esperar durante horas la llegada de un coche adaptado. Como si el tiempo de una persona con discapacidad no tuviera valor. Lo irónico es que Renfe publicita que sus trenes son 100% accesibles, pero en cercanías son muchos los que no lo están. Ahora, Juan Antonio, está a la espera de una citación judicial porque Renfe le ha interpuesto una denuncia por el retraso generado.
Yo me pregunto si también se va a sancionar a Renfe por quebrantar una ley española en vigor. Y ya de paso si los departamentos de movilidad correspondientes, van a entrar de oficio en tantas y tantas normas de acceso que se incumplen a diario en este país.
Las leyes, según hoy nos recuerdan casi a diario de modo machacón, están para cumplirlas. Me cuesta entender por qué ésta ha de ser una excepción, o lo que es peor, tratada como una ley de segunda.
Si se multa por conducir por el carril bus o aparcar en zonas indebidas ¿por qué no se multa igualmente la restricción de acceso a las personas con movilidad reducida?
La falta de accesibilidad es un asunto grave que afecta a mucha gente, personas a quienes la vida ya les supone un escollo continuo, más todavía cuando se trata de desplazarse y realizar sus actividades diarias. Es tiempo de que las autoridades asuman en conciencia esta ley y tomen cartas en el asunto de una manera seria y efectiva
De lo contrario sí que sería una negligencia que nos retrataría como sociedad.
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