viernes, 23 de noviembre de 2018

Retiran por fraude casi cien tarjetas para aparcar de discapacitados desde 2017

Dos agentes supervisan la tarjeta de un conductor que tenía toda la documentación en regla

La Policía Local ha intervenido acreditaciones que pertenecían a personas ya fallecidas y se seguían utilizando


La Policía Local de Granada ha retirado noventa y cuatro tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018 debido al uso fraudulento que los conductores hacían de ellas. Esta guerra contra el fraude en estas acreditaciones ha permitido a los agentes hallar auténticas perlas de la picaresca. Por ejemplo, identificar tarjetas de personas que ya estaban fallecidas, observar cómo todas las mañanas durante dos semanas una cuadrilla de albañiles dejaba el coche aparcado en un reservado para discapacitados para lo cual colocaban la tarjeta en el salpicadero del coche y se marchaban a trabajar, o encontrar la fotocopia de la acreditación donde figuraban los datos del vehículo manipulados.

«Para esta jefatura de Policía Local es una prioridad combatir el fraude existente con estas tarjetas de aparcamiento. Los más perjudicados son los miembros de un colectivo que necesitan este tipo de aparcamientos», apunta el portavoz de la Policía Local de Granada, Jacinto Sánchez.

La tarjeta para personas de movilidad reducida es un documento personal e intransferible de la persona titular de la misma. El titular del documento podrá ser el conductor de un vehículo de su propiedad o cualquier otro, o bien acompañante en otro coche conducido por cualquier persona, siendo requisito indispensable que el titular se desplace en el interior del mismo. La tarjeta debe ser colocada en el interior del turismo de una forma visible, siempre por el anverso, y en documento original. El incumplimiento de estas obligaciones puede llevar la retirada de la tarjeta de uno a 24 meses.

La persona titular de esta tarjeta puede estacionar en los aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida, detener el vehículo para recoger o dejar a personas con movilidad reducida en cualquier lugar de la vía pública, siempre que no impida la circulación; estacionar, sin limitación de tiempo, en los aparcamientos con horario limitado (zona azul); y acceder a las áreas de circulación y estacionamiento restringido en las mismas condiciones que las personas residentes.

Reserva de plazas

Además, sus titulares tienen la posibilidad de reservar plazas de aparcamiento, previa solicitud, en los lugares que se compruebe que es necesario, especialmente, cerca de los domicilios y lugares de trabajo.

La identificación para los vehículos de personas con discapacidad puede obtenerse ahora en el mismo momento de la solicitud o en un plazo máximo de dos días hábiles, siempre que se tenga reconocido un grado de discapacidad de al menos el 33% y una movilidad reducida.

Este documento se puede solicitar también directamente a través de internet, con la firma digital, en la página web de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

«La persecución de este fraude se está notando porque vemos a través de las comparativas con otros años anteriores que ha descendido bastante el uso ilegal que se hace de las mismas», advierte el portavoz de la Policía Local de Granada.

El distrito de la capital granadina donde se han encontrado más tarjetas fraudulentas es el Zaidín, que se lleva más del 38% de las acreditaciones retiradas, seguido de Centro.

La forma de actuar de la Policía Local en muchos de estos casos es a través de seguimientos al conductor de quien se sospecha que ha cometido algún tipo de fraude. «Para usar la tarjeta, la persona con discapacidad debe ir en el coche y son muchas las ocasiones en que vemos que el conductor va solo y no padece ningún tipo de minusvalía. Tras varios días de seguimiento, procedemos a actuar», explica Jacinto Sánchez.

Una vez comprobado el mal uso de la tarjeta, procedían a la intervención de la misma y remisión al Centro de Valoración de Granada, además de la correspondiente denuncia administrativa en base a la normativa de tráfico.


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